Una jueza federal en Estados Unidos detuvo temporalmente la implementación de una disposición de la nueva ley de política interna impulsada por el presidente Donald Trump, la cual pretendía restringir el acceso a servicios de salud reproductiva para usuarios de Medicaid que acuden a centros de Planned Parenthood.
La decisión fue emitida por la jueza Indira Talwani, nominada por el expresidente Barack Obama, y tendrá una duración inicial de 14 días. La medida en cuestión prohibía que usuarios de Medicaid pudieran recibir atención médica en clínicas que también ofrecen servicios de aborto, como es el caso de Planned Parenthood.
Alexis McGill Johnson, presidenta de la Federación de Planned Parenthood de América, explicó que el caso busca asegurar que los pacientes puedan seguir accediendo a anticonceptivos, pruebas de detección de cáncer y tratamientos para infecciones de transmisión sexual en sus clínicas locales. “Defenderemos ese derecho en la corte”, aseguró en un comunicado.
La ley, firmada por Trump el viernes anterior, establece una prohibición de financiamiento federal por un año —originalmente propuesta por diez años, pero reducida por la parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough para entidades que se dediquen principalmente a la planificación familiar y que también ofrezcan servicios de aborto.
Aunque la legislación no menciona a Planned Parenthood por nombre, organizaciones defensoras de derechos reproductivos aseguran que el objetivo es claro. La Federación, junto con las asociaciones locales de Massachusetts y Utah, presentó una demanda contra la administración Trump, alertando que cientos de clínicas en todo el país podrían verse forzadas a cerrar, afectando gravemente a millones de personas que dependen de esos centros para su salud sexual y reproductiva.
Actualmente, cerca del 90 % de las clínicas de Planned Parenthood se ubican en estados donde el aborto es legal, y muchas de ellas brindan servicios esenciales como exámenes de cáncer, pruebas de ITS y métodos anticonceptivos.
Mientras tanto, sectores conservadores y grupos antiaborto criticaron la demanda, señalando que Planned Parenthood acude a los tribunales por una crisis provocada por ellos mismos. Sin embargo, los defensores del derecho al acceso a la salud advierten que no existen suficientes proveedores capaces de suplir los servicios si se concreta la retirada de fondos.
Además del litigio por Medicaid, Planned Parenthood también mantiene una disputa legal con la administración por los recortes en el programa federal de prevención del embarazo adolescente, alegando que las nuevas restricciones afectan directamente su capacidad para seguir prestando apoyo educativo y médico en comunidades vulnerables.
La decisión judicial representa un alivio temporal para la organización, mientras se resuelve el fondo del caso en los tribunales.
