El gobierno de facto, dirigido por Jeanine Áñez, ha solicitado 30 años de prisión para el presidente depuesto, Evo Morales, por los delitos de terrorismo y sedición.
Un pericia presentada por el Ministerio de Interior en Bolivia y realizada supuestamente por la policía revela presuntas comunicaciones telefónicas entre Morales y el líder indígena Faustino Yucra.
Las llamadas entre ambos, para organizar los bloqueos serán utilizadas como elementos probatorios contra el exmandatario que se encuentra asilado en México, tras sufrir un golpe de Estado.
Según el funcionario de facto Arturo Murillo, las llamadas se sostuvieron el 12, 14 y 17 de noviembre y en las cuales Morales le pide a Yucra una “dura batalla a los facistas y racistas… Va ser hora de combate, combate, combate”.
Además de interponer la denuncia contra Evo Morales en la Fiscalía de La paz, se tiene previsto hacerla en el Tribunal Penal Internacional (TPI).
Desde la salida de Morales del poder con ayuda de los militares y la policía se han registrado una treintena de muertes en las manifestaciones masivas contra el golpe de Estado.
El expresidente asilado en el país azteca ha desmentido las grabaciones y aseguradno que se trata de un montaje.
“Los que tiene que estar preocupados por la Corte Penal Internacional son Áñez y Murillo, por los crímenes de lesa humanidad que están cometiendo, al ordenar a los militares a asesinar a mis hermanos, tratando de cubrir estos delitos con un decreto ilegal”, dijo Morales en su cuenta de Twitter.