El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) Iván Velásquez y la fiscal del Ministerio Público, Thelma Aldana, dieron a conocer los resultados de la macro-investigación desarrollada en el último año, que muestra como en la cooptación del Estado encabezada por el expresidente Otto Pérez Molina y su entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti, numerosas empresas y sus representantes se vieron involucradas en lavado de dinero o financiamiento electoral ilícito.
El macro-caso, llamado “Cooptación del Estado”, deriva de los documentos, escuchas telefónicas y testimonios incautados y recibidos por Cicig-MP a partir del 16 de abril del 2015, cuando se develó el caso de corrupción aduanera “La Línea”, cuyas cabezas eran, según los entes investigadores, el entonces presidente Pérez Molina y la vicepresidenta Baldetti.
El comisionado de Cicig explicó que al analizar la documentación incautada físicamente y en dispositivos electrónicos resultado de ese primer caso, “se encontró un inmenso esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros”. Dichos indicios se referían a operaciones desde el año 2008, antes de que el Partido Patriota y Otto Pérez asumieran el poder.
Investigadores financieros de Cicig y el MP encontraron que, después de perder las elecciones de 2007, los líderes del PP diseñaron un complejo esquema que habría incluido una maquinaria para “lavar” fondos producto de financiamiento ilícito destinados a financiar la campaña electoral del Partido Patriota del año 2011, que finalmente llevó a la presidencia a Pérez Molina y Baldetti.
Televisoras, banqueros y empresarios, en la trama
Las investigaciones detallan, como una de las modalidades de financiamiento electoral ilícito, el caso de las televisoras Canal 3 y Canal 7, propiedad del empresario mexicano Ángel González, cuya esposa, Alba Elvira Lorenzana Cardona, tiene orden de captura internacional.
Cicig y el MP documentaron en su investigación, que, desde el año 2008 y hasta 2011, buscando acopiar fondos para la campaña de Otto Pérez, Roxana Baldetti tuvo bajo su control las empresas “de cartón” Comercial Urma, Publicmer, Publiases y Serpumer, las que recibieron pagos de Radiotelevisión Guatemala (Canal 3) y Televisiete (Canal 7), hasta acumular US$2,2 millones. Al llegar al poder el Partido Patriota, los canales 3 y 7 se beneficiaron de contratos millonarios (más de US$30,8 millones) en pauta entre 2012-2015. Más del 69% del total de la publicidad estatal fue para estas dos empresas.
Se informó que hay órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar contra Fernando Peña, presidente y Julio Aldana, representante comercial de Banrural, y contra Flavio Montenegro, gerente del Banco G&T Continental. El gerente de negocios de Banrural, Abner Fonseca, fue detenido. Fernando Peña está acusado de lavado de activos, dijo Velásquez. Montenegro, por su parte, estaría involucrado en financiamiento electoral ilegal, precisó Aldana.
Constructores presuntamente involucrados en los ilícitos también fueron capturados o enfrentan órdenes de captura, entre ellos, el expresidente de la Cámara de la Construcción y propietario de la empresa Conasa, Álvaro Mayorga. De acuerdo con la revista Contrapoder, se detuvo a Boris Orlando Navas Aguilar, representante legal de Sigma, a Max Roberto Burgos Fallaice, de HW Contractors, y Benjamín González Zepeda, de Lanello, la empresa que supervisa los trabajos que ejecutan Sigma y HW Contractors.
Se citó a proceso al empresario farmacéutico Jack Irving Cohen, propietario de JI Cohen y empresa proveedora del Estado. Gustavo Adolfo Alejos, empresario farmacéutico, financista y exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom, también enfrenta orden de captura. Ya están detenidos el exministro de Agricultura del Gobierno de Alfonso Portillo y actual dirigente cooperativista, Edín Barrientos, señalado de lavado de dinero; y el exdiputado Marvín Díaz, del Partido Patriota, así como el director del Registro Nacional de las Personas (Renap), Rudy Gallardo.
