El presidente venezolano Nicolás Maduro regresa a tribunales en Estados Unidos (EEUU) en medio de una creciente polémica. Mientras tanto, su equipo legal denuncia posibles violaciones al derecho de defensa.
El caso, que acapara titulares internacionales, genera inquietud sobre el respeto a garantías judiciales. No le permiten acceder a los fondos estatales de Venezuela para el pago de su equipo defensor.
“Estamos ante una situación grave”, declaró el letrado, señalando la importancia de que el proceso judicial se apegue a normas internacionales y nacionales. Estas normas aseguran un juicio justo.
En una declaración escrita presentada ante el tribunal, Maduro argumentó que tiene “derecho a que el gobierno de Venezuela pague mi defensa legal“.
Acusaciones de la defensa: ¿se están violando garantías básicas?
El abogado de Maduro enfatizó ante varios medios que la limitación del acceso a los fondos podría constituir una violación de derechos fundamentales.
Además, llamó la atención de organismos internacionales sobre el caso, exigiendo transparencia y garantías mínimas.
Los fiscales respondieron que el gobierno estadounidense había autorizado a Maduro y Flores a usar fondos personales para pagar sus honorarios. Sin embargo, no permitiría que lo hicieran desde un fondo controlado por un gobierno sancionado.
Estas denuncias se suman a otras situaciones similares en el sistema judicial venezolano en los últimos años.
