El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, busca promulgar una polémica reforma penal que permite imponer la cadena perpetua para menores de edad.
La medida, parte de la estrategia gubernamental para combatir el crimen organizado, ha desatado intensos debates sobre sus posibles consecuencias sociales y legales.
Con esta reforma, los adolescentes de entre 12 y 15 años recibirían hasta 20 años de cárcel y los menores de 16 a 18 recibirían cadena perpetua.
Los delitos que serían sometidos a la cadena perpetua para menores de edad, de 15 años en adelante, son asesinatos y violación.
Bukele argumenta que la medida busca frenar la participación de jóvenes en estructuras criminales y proteger a la sociedad salvadoreña.
Reacciones a la reforma de Bukele y su impacto en la juventud
Organizaciones defensoras de derechos humanos y expertos legales advierten que la cadena perpetua para menores en El Salvador podría vulnerar tratados internacionales en materia de infancia y justicia.
Además, temen que la reforma aumente la exclusión social y perpetúe el ciclo de violencia entre la juventud.
Sin embargo, sectores de la población apoyan la medida por considerarla necesaria ante el auge de pandillas y delitos violentos.
El gobierno sostiene que esta política es una respuesta firme frente a la delincuencia. Por otro lado, los críticos insisten en la necesidad de alternativas enfocadas en rehabilitación juvenil y prevención.
