El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha implementado una nueva política que restringe la participación de personas transgénero en el servicio militar. Según un memorando oficial, aquellos miembros con diagnóstico o antecedentes de disforia de género serán separados de las fuerzas armadas, salvo en casos donde su permanencia represente un “interés gubernamental convincente” relacionado con la capacidad de combate.
La medida responde a una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en enero, que establece que el servicio militar solo reconocerá dos sexos: masculino y femenino, y que los soldados deberán servir según su sexo asignado al nacer.
Según estimaciones de 2018, alrededor de 14,000 personas transgénero formaban parte del ejército estadounidense. Sin embargo, la nueva normativa exige que los militares trans demuestren al menos 36 meses de estabilidad en su identidad de género sin experimentar angustia o deterioro significativo. Además, prohíbe el uso de fondos del Departamento de Defensa para cirugías de reasignación de sexo o tratamientos hormonales iniciados recientemente.
La política ha generado críticas dentro y fuera del ejército. El sargento mayor de la Fuerza Aérea Logan Ireland, quien ha servido abiertamente como transgénero por una década, advirtió que la expulsión de estos militares podría afectar la operatividad y eficacia de las fuerzas armadas, pues muchos de ellos ocupan posiciones que requieren años de capacitación especializada.
El caso ha llegado a los tribunales, donde la jueza Ana Reyes ha considerado que la nueva política podría estar “llena de animosidad”. En 2017, una prohibición similar de Trump fue bloqueada por tribunales federales, pero en 2019 la Corte Suprema permitió su implementación sin pronunciarse sobre su constitucionalidad. La administración de Joe Biden revirtió la medida en 2021, permitiendo nuevamente el servicio de personas trans en el ejército. El futuro de la nueva política del Pentágono sigue en debate legal.
