El abogado de Nicolás Maduro ha declarado recientemente que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) ha impedido que se pueda realizar una defensa legal. Esto se debe a que no permite que el gobierno venezolano pague sus aranceles profesionales.
Según declaraciones reseñadas por medios estadounidenses, la defensa sostiene que las restricciones impuestas por la OFAC complican la transferencia de fondos. Además, dificultan el acceso a recursos necesarios para garantizar representación legal en tribunales fuera de Venezuela.
El abogado expresó, además, que estas medidas violan principios básicos del derecho internacional, al dejar a una de las partes sin posibilidades reales de defensa en procesos judiciales.
“La licencia modificada relacionada con el Sr. Maduro no autoriza la recepción de costos de defensa del gobierno de Venezuela”, señaló el abogado.
Sanciones y acceso a la justicia internacional
Organizaciones especializadas en derechos humanos han advertido sobre los riesgos de que sanciones puedan obstaculizar el acceso a la justicia. Además, alertan del posible impacto en el debido proceso para el presidente derrocado Nicolás Maduro.
“En consecuencia, al no permitir que el gobierno de Venezuela pague los gastos de defensa del Sr. Maduro, la OFAC está interfiriendo con la capacidad del Sr. Maduro para contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, según la Sexta Enmienda, a contar con un abogado de su elección”, se explicó al respecto.
