La relatora especial de las Naciones Unidas sobre torturas, Alice Jill Edwards, ha emitido un contundente informe en el que acusa a Rusia de utilizar la tortura como política de Estado en Ucrania con el propósito de “infundir miedo” y “extraer confesiones”.
Tras su visita al país entre el 4 y el 10 de septiembre, Edwards reveló que se han documentado más de 103,000 procedimientos por crímenes de guerra.
Según la relatora, la invasión rusa se ha vuelto sinónimo de tortura y otras atrocidades inhumanas. Los informes recopilados indican que las autoridades rusas han llevado a cabo torturas sistemáticas contra civiles y prisioneros de guerra como parte de una estrategia de Estado.
Entre las torturas reportadas se encuentran la aplicación de cargas eléctricas en oídos y genitales, palizas brutales, simulacros de ejecución a punta de pistola, ahogamientos simulados, amenazas de violación o muerte, y ceremonias de humillación pública.
Tanto civiles como militares liberados han narrado que fueron sometidos a malnutrición y hacinamiento en sótanos y celdas. En este sentido, Edwards ha instado a llevar ante la justicia a los responsables, incluso a los de más alto rango.
La relatora también elogio los esfuerzos de las autoridades ucranianas para hacer frente a estos crímenes y documentarlos, estableciendo unidades móviles de investigación, ampliando el conocimiento forense, mejorando la tecnología y las técnicas de obtención de pruebas.
Sin embargo, los investigadores se han enfrentado a obstáculos considerables, como la inaccesibilidad de las zonas actualmente ocupadas, la pérdida de pruebas cruciales debido al deterioro y al tiempo transcurrido entre el crimen y la liberación, así como la adaptación de la Justicia del país para procesar y juzgar crímenes internacionales.
Por otra parte, Edwards mencionó que las autoridades ucranianas han tratado con respeto a los prisioneros de guerra rusos, proporcionándoles instalaciones limpias y ordenadas, atención médica adecuada para sus heridas de combate, oportunidades para practicar su religión, trabajo remunerado y acceso a instalaciones recreativas, reflejando su compromiso de mantener altos estándares de tratamiento a pesar de las circunstancias difíciles.
