En Estados Unidos, el cierre del gobierno ha dejado a miles de contratistas federales afectados, generando preocupación tanto en el ámbito económico como laboral.
A diferencia de los empleados públicos que suelen recibir salarios retroactivos, muchos contratistas temen no ser compensados.
El debate sobre el presupuesto en el Congreso continúa, generando una parálisis administrativa que vulnera a quienes proporcionan servicios clave.
Según agencias, las empresas contratistas federales han comenzado a suspender operaciones y despedir empleados debido a la falta de fondos.
Muchos de estos trabajadores afrontan pagos de hipotecas, alquileres y otros gastos cotidianos mientras sus ingresos desaparecen, disparando la incertidumbre.
El cierre también repercute en toda la cadena de suministros y afecta sectores como el tecnológico, la limpieza y la seguridad en edificios federales.
“No sé cómo voy a alimentar a mis hijos ni a pagar la hipoteca. No se trata de mí. No me importa si no como, pero quiero que ellos sí… Pago mis cuentas y hago todo lo que tengo que hacer. Pero estoy preocupada y no puedo dormir”, dijo uno de los afectados.
Impacto económico y laboral en miles de empresas
La repercusión del cierre del gobierno no solo se limita al personal despedido de manera temporal: se calcula que las pérdidas para la economía estadounidense pueden escalar rápidamente si la parálisis se prolonga.
Empresas pequeñas y proveedores dependen directamente de los contratos federales y, a diferencia de los funcionarios, el reembolso posterior no está garantizado. El cierre actual es uno de los más complejos de la última década.
