La incertidumbre se intensifica para los beneficiarios de DACA ante nuevos fallos judiciales y políticas migratorias más estrictas
Los jóvenes protegidos por el programa DACA enfrentan una creciente incertidumbre legal mientras el futuro de esta política migratoria continúa siendo debatido en las cortes. Esta situación se da en un momento en que el presidente Donald Trump impulsa un ambicioso plan para ejecutar lo que ha calificado como “el mayor programa de deportaciones en la historia de Estados Unidos”.
DACA, implementado en 2012 mediante una orden ejecutiva del entonces presidente Barack Obama, ha brindado protección temporal contra la deportación y autorización de trabajo a cientos de miles de personas que llegaron al país siendo menores de edad. No obstante, el programa ha enfrentado constantes desafíos legales desde 2017, bajo el primer mandato de Trump.
El mes pasado, un tribunal de apelaciones falló en contra de algunos aspectos de DACA, aunque permitió que siguiera vigente para los beneficiarios actuales mientras avanza el proceso legal. Sin embargo, se espera que el caso llegue hasta la Corte Suprema, que podría emitir una decisión definitiva que ponga fin al programa. Ante ese escenario, miles de beneficiarios temen perder sus protecciones y quedar expuestos a la deportación.
A esto se suma que la Administración Trump ya ha eliminado otras protecciones migratorias clave, como el uso de la aplicación CBP One, los programas de reasentamiento de refugiados y el Estatus de Protección Temporal (TPS), herramientas que permitían a muchos migrantes permanecer legalmente en Estados Unidos mientras solicitaban asilo o ajustaban su estatus migratorio.
La continuidad de DACA pende ahora de decisiones judiciales pendientes, mientras sus beneficiarios, muchos de los cuales han vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos siguen esperando una solución permanente que les garantice estabilidad y reconocimiento legal.
