El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reduce el salario de congresistas en Colombia mediante un decreto histórico que además elimina la denominada “prima especial de servicios” otorgada a los legisladores.
Esta decisión, anunciada el 21 de enero de 2026, busca frenar los privilegios salariales en el sector público y responde a antiguas demandas de sectores ciudadanos para equiparar los sueldos de funcionarios con los del común.
La medida de Petro apunta a disminuir el gasto público y generar mayor equidad entre trabajadores estatales, especialmente tras años de debate sobre los altos salarios de los congresistas frente al promedio nacional.
La eliminación de la prima cubrirá únicamente a los nuevos congresistas elegidos desde 2026, de acuerdo con el decreto presidencial.
Sin embargo, la reducción del salario afectará a todos los legisladores en funciones, generando debate en distintos sectores políticos y sociales.
Reacciones y contexto de la reforma salarial
Según medios locales, el gobierno justifica la medida como un paso para fortalecer la austeridad y la confianza ciudadana en las instituciones.
Organizaciones civiles han celebrado el decreto, aunque algunos congresistas lo ven como un ataque a la independencia del legislativo.
No es la primera vez que se discuten los altos ingresos parlamentarios: en otras ocasiones se han impulsado reducciones salariales o limitaciones a beneficios, pero esta vez se concreta mediante un acto administrativo de rango nacional.
