El controvertido Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), firmado por el presidente argentino, Javier Milei, establece reformas que perjudican directamente a los trabajadores, inquilinos y pacientes.

Según los analistas, los tres temas más sensibles de las 366 reformas son el trabajo, los alquileres y el sector salud; bases fundamentales para una vida digna.

De acuerdo con el decreto firmado por Milei, y que ha provocado manifestaciones a nivel nacional, los alquileres quedarán sin regulación; permitiendo que los dueños de vivienda aumenten y pongan sus reglas sobre la moneda en la que quieren recibir el pago; afectando directamente a los inquilinos.

“No hay plazos mínimos de duración de los alquileres ni fórmulas fijadas por ley para calcular aumentos de precio de los contratos”, se explicó sobre uno de los tantos cambios del polémico decreto económico.

No solo los inquilinos tendrán un impacto con la puesta en marcha del plan, los trabajadores han perdido algunos derechos que benefician a los empresarios; algo que ha sido fuertemente cuestionado.

“La modificación a las indemnizaciones por antigüedad o despido, cuya base para ser calculada podría ser inferior a lo que marcaba la legislación anterior”, se destaca sobre la reforma que le merma los derechos a la clase obrera.

El artículo 245 del megadecreto de Milei reduce ese mínimo a la posibilidad de considerar el 67% de un sueldo por año. El artículo 71 prolonga el período de prueba laboral, que pasaría de 3 a 8 meses.

La licencia por maternidad queda reducida a un mínimo de 10 días antes del parto, mermándole  20 días a la legislación anterior; algo que ha sido cuestionado.

Pero no solo los inquilinos o que alquilan y los trabajadores han sido directamente perjudicados por las reformas. Uno de los temas más importantes: La salud, la cual se encarecerá por el libre mercado.

El decreto le da la posibilidad a los trabajadores de derivar aportes de su salario a entes de medicina privada, conocidos como prepagas, sin la intermediación de obras sociales, que son prestatarias de salud de organizaciones sindicales.

Con la medida anterior, los sindicatos perderían financiamiento porque dado los aportes de los trabajadores son derivados a ellos.

Además, los dueños de farmacias o laboratorios no tendrán regulaciones para establecer los precios de medicamentos o cuotas del servicio de medina privada.