El presidente Donald Trump ha ordenado al Departamento de Comercio de Estados Unidos diseñar un nuevo censo con un marcado enfoque en la inmigración, relanzando así la discusión sobre cómo se registrarán y gestionarán los datos de extranjeros en el país.
Esta directriz afecta directamente a la manera en que se recopilará información sensible durante el censo 2025.
La medida obliga a las autoridades a incluir preguntas o métodos que permitan diferenciar entre ciudadanos, residentes legales e inmigrantes indocumentados, algo que ya genera controversia en diversos sectores.
Implicaciones del censo en la política migratoria
La implementación de un censo con especial atención a la inmigración abre la puerta a debates sobre derechos civiles y discriminación.
Organizaciones de defensa de migrantes y expertos advierten que la recopilación e interpretación de estos datos podría ser utilizada para endurecer las políticas migratorias, lo que provocaría miedo y desconfianza en las poblaciones vulnerables.
Además, históricamente, el uso de cifras específicas sobre inmigrantes ha influido en la asignación de recursos, la representación política y la vigencia de leyes estatales, impactando a la sociedad en su conjunto.
Agencias señalan que el nuevo censo podría modificar la manera en que se cuentan los habitantes del país, con especial atención al estatus migratorio.
