El Salvador ha dado un nuevo paso en la reforma de sus leyes penales con la reciente aprobación de la cadena perpetua para menores de edad, a partir de los 12 años.

Esta medida, promovida por el presidente Nayib Bukele, ha generado controversia tanto dentro como fuera del país, posicionando a El Salvador en el centro del debate internacional sobre derechos humanos.

La Asamblea Legislativa aprobó una reforma que endurece significativamente las penas para menores vinculados a delitos graves, permitiendo que reciban la misma condena máxima que los adultos: hasta 50 años de prisión, o incluso cadena perpetua en circunstancias extremas.

Según las autoridades salvadoreñas, el objetivo principal de esta medida es combatir a las pandillas y reducir la criminalidad que afecta a todo el país.

Reacciones políticas y sociales ante la cadena perpetua a menores

La decisión de establecer cadena perpetua para menores desde los 12 años ha sido recibida con preocupación por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, quienes advierten sobre posibles violaciones al derecho internacional y a la Convención sobre los Derechos del Niño.

Muchos cuestionan la proporcionalidad de las sentencias y denuncian el riesgo de criminalizar a la niñez vulnerable.

Defensores de la reforma, cercanos al oficialismo, consideran que se trata de una respuesta necesaria ante la violencia y el crimen organizado, argumentando que los menores han sido instrumentalizados por grupos criminales.

Sin embargo, sectores de la oposición y organizaciones civiles insisten en que la solución debe partir de la educación y la prevención, no del endurecimiento indiscriminado de las penas.

Cabe recordar que esta decisión se suma a otras polémicas reformas penales impulsadas por el gobierno de Bukele en los últimos años.

Gobierno de Bukele da luz verde a la cadena perpetua

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma legal clave que impone la cadena perpetua para quienes sean condenados por homicidio, violación y terrorismo.

Con el respaldo de la bancada oficialista de Nayib Bukele, la medida forma parte de una serie de acciones orientadas a endurecer la lucha contra el crimen organizado.

Este tema ha sido una de las banderas del actual gobierno.

Detalles de la reforma y el debate parlamentario

Las nuevas penas incluyen la cadena perpetua revisable para personas condenadas por delitos de alto impacto social como el homicidio agravado. Además, abarcan la violación de menores o delitos relacionados con el terrorismo.

Esta reforma sustituye la pena máxima anterior que era de 60 años de prisión.

La bancada oficialista defendió la medida argumentando que era necesaria para disuadir a los criminales y garantizar justicia a las familias de las víctimas.

Sin embargo, sectores de la sociedad civil y organismos internacionales han alertado sobre el riesgo de posibles abusos. También destacan la importancia de que el sistema judicial mantenga garantías procesales.

Corte Suprema de Colombia dice no a la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores

La Corte Suprema de Justicia de Colombia declaró inconstitucional la reforma que busca que los violadores y asesinos de menores fueran sometidos a la cadena perpetua.

El poder judicial de la nación consideró que la norma genera efectos graves para la dignidad humana de la persona que es condenada.

Además, indicaron que el sistema carcelario también se ve perjudicado por la implementación de la cadena perpetua por ciertos delitos o crímenes.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia se emitió luego de la votación que alcanzó seis votos en contra y tres a favor.

Con la resolución el poder judicial de la nación suramericana no dio luz verde a la iniciativa sancionada el pasado 6 de julio por el presidente Iván Duque, la cual había generado polémica.

Los fallos se acatan. Las fallas de nuestra sociedad tenemos que corregirlas. Seguiremos nuestra lucha por los derechos de los niños y por lograr la máxima sanción ejemplarizante a quienes los asesinan y abusan.

— Iván Duque  (@IvanDuque) September 3, 2021

Cierta parte de a población expresó su satisfacción por la nueva ley que castigaría duramente a los violadores y asesinos de menores.

Sobre los argumentos de la Corte Suprema de Justicia de Colombia se indicó la Sala de los Penal se basó en la ponencia de la magistrada Cristina Pardo, quien habló de la demanda presentada por un grupo de prisioneros.

Una vez que el fallo judicial trascendió en los medios, el presidente Duque aseguró que respetará la decisión. “Los fallos se acatan. Las fallas de nuestra sociedad tenemos que corregirlas. Seguiremos nuestra lucha por los derechos de los niños y por lograr la máxima sanción ejemplarizante a quienes los asesinan y abusan”.