El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha emitido un decreto en el que ordena a las personas extranjeras que actualmente cumplen condena en cárceles ecuatorianas, sean repatriadas a sus países de origen para cumplir allí sus penas correspondientes.
El decreto, que según Noboa deberá implementarse de inmediato, deberá de regirse bajo las leyes nacionales e internacionales y respetar rigurosamente los derechos humanos en todo el proceso.
La medida se presenta en un contexto donde el país enfrenta un estado de excepción y la existencia de un conflicto armado interno, declarados por el presidente hace tres semanas debido a la creciente violencia generada por diversos grupos delictivos.
Según el documento oficial, la implementación de los procesos para llevar a cabo la repatriación contará con la participación de varias instituciones gubernamentales, como el Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
Es importante destacar que el decreto establece que cada procedimiento será llevado a cabo de manera individual, enfatizando la prohibición de cualquier repatriación que afecte a grupos completos de reclusos.
La publicación de esta nueva política penitenciaria se produce después de que el presidente Noboa anunciara la posibilidad de deportar a aproximadamente 1.500 reclusos, en su mayoría provenientes de Colombia y Venezuela. La justificación detrás de esta medida se centra en la idea de que la repatriación contribuirá a reducir la violencia tanto en las cárceles como en el país en general.
Esta decisión del presidente Noboa marca un cambio significativo en la estrategia penitenciaria ecuatoriana y probablemente generará debate en cuanto a su eficacia y consecuencias a nivel local e internacional.
