La acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha desatado una fuerte polémica política y diplomática entre ambos países, al incluir señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Rocha enfrenta cargos por narcotráfico, posesión ilegal de armas y conspiración, delitos que podrían derivar en una condena de hasta cadena perpetua si es encontrado culpable. La acusación también involucra a otras nueve personas, entre ellas funcionarios y exfuncionarios del estado mexicano.
Las autoridades estadounidenses sostienen que los acusados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de grandes cantidades de drogas hacia territorio estadounidense. En particular, el documento judicial señala que Rocha habría mantenido presuntos vínculos con “Los Chapitos”, una facción del cartel liderada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
Según la acusación, esta organización habría respaldado políticamente a Rocha desde su candidatura a la gubernatura en 2021. Además, se afirma que el mandatario estatal habría sostenido reuniones con líderes criminales y ofrecido apoyo a sus operaciones. El documento también lo señala de permitir que integrantes del grupo influyeran en la designación de funcionarios en instituciones locales, lo que habría facilitado la protección de actividades ilícitas.
Ante estas acusaciones, Rocha rechazó de manera tajante los señalamientos. En un mensaje difundido en redes sociales, calificó el caso como un ataque político y aseguró que las imputaciones carecen de pruebas. También argumentó que la acusación forma parte de una estrategia para vulnerar la soberanía de México y desacreditar al movimiento político al que pertenece.
El gobernador asumió el cargo en 2021 bajo el partido Morena, el mismo que respalda a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Su mandato está previsto para concluir en 2027.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se pronunció sobre el caso señalando que la corrupción vinculada al crimen organizado debe ser investigada y procesada. Aunque evitó referirse a detalles específicos del expediente, subrayó la importancia de combatir las redes que facilitan el narcotráfico en ambos países.
En paralelo, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición por parte de Estados Unidos. Estas solicitudes fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR), que deberá analizar si existen elementos suficientes para proceder conforme al marco legal mexicano.
La cancillería mexicana también indicó que la documentación enviada por las autoridades estadounidenses no contiene, por ahora, pruebas concluyentes que permitan determinar responsabilidades penales. No obstante, aclaró que será la FGR la instancia encargada de evaluar la viabilidad de las solicitudes de extradición.
Este caso se produce en un contexto de creciente cooperación, pero también de tensiones, entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico. Las acusaciones contra un gobernador en funciones representan un hecho de alto impacto político, con posibles repercusiones tanto en la relación bilateral como en la política interna mexicana.
Mientras tanto, el proceso judicial apenas comienza y será en los tribunales donde se determine la validez de las acusaciones. Rocha, por su parte, ha reiterado que defenderá su inocencia y confía en que las autoridades mexicanas actuarán conforme a derecho.
El desarrollo de este caso será seguido de cerca, tanto por su relevancia jurídica como por sus implicaciones en la lucha contra el crimen organizado en la región.
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